PARTIDOS: ¡ A CUMPLIR LA LEY !

PACTO CON EL DIABLO


PURGATORIO:



Las leyes, las reglas, los convenios, los acuerdos, los pactos nacieron justamente para no cumplirse; para violarse, pues.

La palabra ha dejado de tener valor, aun las firmas en el papelito son ignoradas si así conviene a las partes o alguna de ellas.

¿Quién le va a creer a los que juran y perjuran que respetarán las cláusulas, términos, párrafos de los acuerdos convenidos?

Pero, en fin, vamos a darle al gobierno de Calderón y al de Peña Nieto el beneficio de la duda, sobre todo a Felipe de Jesús que, aunque el tiro le sale por la culata, siempre lleva la trampa, el chanchullo, la farsa por delante.

Porque, si hasta los párvulos de la “grilla” saben que el mandatario blanquiazul quiere a toda costa el palacio de Lerdo 300 y Los Pinos para uno de sus secuaces, quién, en su sano juicio, apostaría 30 monedas por este Judas totonaca. Creo que ni Margarita.

Bueno, el caso es que en El Oro, el secretario de Desarrollo Social mexiquense, Alejandro Ozuna, mantuvo el dedo en la llaga y públicamente reiteró que Calderón y compañía y Enrique Peña Nieto han sellado el compromiso de no utilizar los programas sociales para llevar votos a las urnas de sus respectivos correligionarios el 3 de julio entrante.

Durante la entrega de zapatos nuevos del programa Pasos Firmes, el secretario de Desarrollo Social, dijo que con el blindaje electoral que se firmó recientemente, los gobiernos federal y estatal se comprometieron a no orientar los programas sociales con fines partidistas, por lo que hizo un llamado para que servidores públicos de todos los órdenes no ejerzan presiones sobre los beneficiarios, los inhiban o los obliguen a asistir a determinado evento, o los amenacen con quitarles algún apoyo.

“Hay organismos que estarán al pendiente de que ningún programa social sea mal utilizado, o se presione a los beneficiarios para inducir el voto, o inhibir su asistencia o recibir algún apoyo de los programas, porque esto es una irregularidad”, expuso.

Ahora a esperar que los consejeros del IEEM despierten de su letargo y se pongan las pilas para estar pendientes de cualquier uso indebido a los programas sociales, aunque cada partido contendiente se encargará de denunciar cualquier irregularidad:

PARAISO:

La integración de un Sistema Estatal de Seguridad Pública que reúna y administre toda información relacionada con esta materia; la creación de un Consejo Estatal como órgano para la deliberación y consulta hacia la implementación y diseño de las políticas públicas respectivas; la redefinición y regulación de los servicios de seguridad privada; así como la puntualización de los derechos y obligaciones de los policías, particularmente la inclusión de la figura de “mediación policial”; son algunos de los aspectos que integra la iniciativa del Ejecutivo estatal para crear la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

De aprobarse el nuevo ordenamiento, que remplazaría a la Ley de Seguridad Pública Preventiva, las instancias respectivas deberán evaluar a sus integrantes a través del Centro Estatal de Confianza, en un plazo no mayor de dos años, a fin de obtener el Certificado Único Policial, sin el cual no podrán permanecer en el servicio.

INFIERNO:

La iniciativa del Ejecutivo, en congruencia con disposiciones como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 – 2011, en el pilar de seguridad y el Artículo 21 de la Constitución Política federal, establece que el Sistema citado se conforme con la “información que generen las instituciones del estado y municipios”.


Este sistema descansaría en una Base de Datos de carácter confidencial que incluye información criminal, penitenciaria, del personal, del registro de armamento y equipo y el administrativo de detenciones. Sobre éste último, se agrega que el registro de detenciones deberá observar los siguientes datos: domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, Clave Única del Registro de Población, etnia de ser el caso, estado físico del detenido, huellas dactilares, identificación antropométrica y otros que se consideren relevantes.

En cuanto al Consejo, considerado máxima instancia de deliberación y consulta del sistema estatal, se integrará por: el Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Procurador, el Comisionado de la ASE, los presidentes municipales, los presidentes de las comisiones respectivas de la legislatura en turno, los representantes del Consejo de la Judicatura, un representante de la policía, procuraduría y sistema penitenciario federales, el Ombudsman estatal, dos representantes de la sociedad civil en la materia, entre otros.