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lunes, 30 de julio de 2012

HUYEN Y DESAPARECEN CALUMNIADORES


Abogado de Aquino dice “goodbye”
PURGATORIO:
Permitir que los tesoreros de los ayuntamiento para el próximo ejercicio municipal 2013 – 2015 puedan obtener el Certificado de Competencia expedido por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) en un plazo no mayor de tres meses posteriores a la fecha del inicio de sus funciones, es el objetivo de la reforma aprobada por el Pleno de la LVII Legislatura del Estado de México.
Ingresada por los legisladores, Bernardo Olvera Enciso y Héctor Karim Carvallo Delfín, y respaldada por los Grupos Parlamentarios Nueva Alianza y Verde Ecologista, además del legislador Social Demócrata, Antonio García Mendoza, modifica el Decreto 379 de noviembre de 2011 de la Ley Orgánica Municipal para precisar los requisitos que deben reunir estos servidores.
Avalada por unanimidad, establece que quienes sean designados tesoreros municipales para las gestiones locales entrantes, podrán contar por única vez, con un plazo de hasta tres meses a partir del inicio de funciones para tramitar la certificación que extiende el IHAEM.
Para el Congreso mexiquense, en este contexto, “es incuestionable que la Hacienda Pública Municipal requiere que su titular cuente con un perfil profesional adecuado a la responsabilidad del cargo, así como a la certificación de sus habilidades y conocimientos adicionales a la experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones”. Además, es un paso relevante “hacia una rendición de cuentas más efectiva que coadyuvará a que estos servidores se capaciten permanentemente”.
PARAISO:
Ante advertencia de posibles delitos en la presentación de una demanda difamatoria y sin fundamento, el abogado Maxwell C. Agha, representante legal del señor José Luis Ponce Aquino en Estados Unidos, informó que renuncia a continuar brindando asesoría legal al demandante.
En una comunicación dirigida al litigante Christopher Ludmer, representante legal del PRI en el citado caso, Agha dio a conocer que a raíz de graves inconsistencias en la demanda presentada por su cliente desistirá del empeño como consejero legal de Aquino.
El pasado 20 de julio el bufete del señor Ludmer envió una carta a Agha señalando que la demanda presentada por Aquino, “parece carecer de cualquier fundamento, se encuentra erróneamente promovida, no logra establecer los hechos sobre los cuales se basa…, solicita una reparación del agravio totalmente inadecuada e intenta imputar delitos tan graves como el de crimen organizado a personas inocentes”. De acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos y del estado de California, estas conductas pueden considerarse difamatorias y ser causal de sanciones severas tanto para el demandante como para su representante legal. 
En dicha comunicación se detallan diez puntos desglosando las inconsistencias en las que incurre la demanda presentada por Aquino ante una corte del sur de California el pasado día 7 de junio en la que incrimina infundadamente a Erwin Lino, David López y Roberto Calleja, miembros del equipo de campaña del candidato ganador de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto.
INFIERNO:
Concluye mañana el plazo de 30 días para el retiro de propaganda utilizada por los partidos políticos durante las campañas electorales que concluyeron en la jornada electoral del pasado 1 de julio, advierte el Instituto Electoral del Estado de México.
         El órgano electoral estatal advierte asimismo que la propaganda electoral debe ser retirada, con el objetivo de contribuir a disminuir el impacto ambiental y fomentar la reutilización de los insumos y materiales de proselitismo que fueron colocados durante las campañas para Diputados           Locales y Ayuntamientos 2012 en la entidad.
        Como lo determina el artículo 158 fracción VIII del Código Electoral, de no retirar la propaganda electoral, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México procederá, con el auxilio de las autoridades competentes, a definir las medidas necesarias para su retiro, con cargo a las ministraciones de financiamiento público que correspondan al partido político.